Cochabamba, 7 de juniom, de 2026 — El abogado constitucionalista Nelson Cox emitió un enérgico análisis crítico sobre la Ley de Regulación de Estados de Excepción, sancionada en la madrugada de este domingo por la Cámara de Diputados y enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Cox advirtió que, pese a su declaración de finalidad, la norma incorpora conceptos difusos y principios que pueden facilitar la vulneración de derechos fundamentales.
Según Cox, la Constitución boliviana en sus artículos 137, 138, 139 y 140 define claramente cuatro circunstancias que legitiman un estado de excepción: peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna y desastre natural. Esas mismas disposiciones exigen que ninguna garantía o derecho fundamental sea suspendido, que la declaración del Ejecutivo sea controlada y aprobada por la Asamblea Legislativa, y que la medida no suplante funciones del Legislativo ni del Judicial.
El jurista señaló como problemáticos varios puntos centrales de la nueva ley:
- Introducción de "circunstancias extraordinarias" sin definición: la categoría queda abierta y difusa, lo que facultaría al Ejecutivo a declarar estados de excepción por razones no previstas en la Constitución.
- Principios peligrosos: la ley incorpora los principios de "necesidad pública extraordinaria", "presunción de buena fe" y "presunción de legitimidad", que, según Cox, otorgan un blindaje a las actuaciones del gobierno y presuponen la corrección de medidas que podrían ser inconstitucionales.
- Ampliación del objeto: en lugar de ceñirse a las cuatro categorías constitucionales, la norma agrega la preservación del "orden constitucional" como causal, lo que amplía discrecionalmente los supuestos para declarar el régimen de excepción.
- ,Vacíos sobre la "naturaleza de la amenaza": la ley no precisa qué conductas o hechos constituyen amenaza a la seguridad del Estado, dejando abierta la posibilidad de interpretaciones arbitrarias.
Riesgo de vulneración de estándares internacionales: Cox recuerda que cualquier ejercicio de medidas excepcionales debe respetar los estándares interamericanos y ser reportado a los mecanismos internacionales pertinentes, además del control nacional, y advierte que la norma tal y como fue aprobada podría contradecir la convencionalidad requerida.
Cox también hizo un llamado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la propia Asamblea Legislativa para ejercer un control efectivo y evitar que la ley permita "declaratorias de aparente constitucionalidad" por parte del Ejecutivo. A su juicio, la sanción acelerada del proyecto, con correcciones superficiales en la madrugada, no solucionó lo que consideró la "mala esencia" de la norma: su potencial atentado contra derechos humanos y las garantías constitucionales.
En conclusión, el abogado exigió una revisión profunda de la ley para clarificar definiciones, eliminar categorías difusas y garantizar mecanismos de control que eviten interpretaciones arbitrarias y la suspensión de garantías fundamentales.