Cochabamba, 3 de julio de 2026.— El exejecutivo departamental de los adultos mayores, Remigio Figueredo, expresó su rechazo al Decreto Supremo 5647, que modifica el sistema de regulación de las tarifas de electricidad y establece un límite de hasta el 5% para la variación mensual de las tarifas de distribución cuando existan cambios en los costos del sistema eléctrico.
Figueredo sostuvo que esta medida afectará la economía de las familias de escasos recursos, los campesinos y los pueblos indígena originario campesinos, al considerar que podría generar un incremento en el costo de vida. Asimismo, advirtió que las organizaciones sociales podrían retomar las medidas de presión si el Gobierno de Rodrigo Paz no atiende sus demandas.
El exdirigente recordó que diversos sectores protagonizaron 53 días de movilizaciones y afirmó que persiste el descontento por lo que considera un incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno, además de cuestionar el rol de algunos dirigentes nacionales.
Figueredo informó que las organizaciones sociales fueron convocadas por el Ejecutivo a una reunión prevista para el 6 de julio, encuentro en el que esperan instalar un diálogo para abordar las demandas del sector. Entre ellas destacó el pedido de elevar la renta de los adultos mayores a 2.000 bolivianos, argumentando que el monto actual resulta insuficiente frente al incremento del costo de vida.
En su intervención, también manifestó su preocupación por la situación económica del país, señalando que el alza del dólar y las medidas adoptadas por el Gobierno repercutirían en los productores del área rural y en el costo de combustibles, servicios básicos y productos de primera necesidad.
El exejecutivo cuestionó además que el Gobierno apruebe normas mediante decretos sin un proceso previo de concertación con las organizaciones sociales. En ese sentido, exhortó a las autoridades a reconsiderar sus decisiones y abrir espacios de diálogo para evitar un mayor conflicto social.
Figueredo advirtió que, de no existir respuestas concretas a las demandas planteadas, las organizaciones sociales podrían evaluar nuevas movilizaciones en los próximos meses. Asimismo, criticó la conducción política y económica del Ejecutivo y pidió que se adopten medidas orientadas a proteger la economía de la población de menores ingresos y del sector productivo rural.
El Decreto Supremo 5647 establece un nuevo mecanismo para la regulación de las tarifas de electricidad, fijando un límite de hasta el 5% para la variación mensual de las tarifas de distribución cuando existan cambios en los costos del sistema eléctrico. Según el Gobierno, la medida busca actualizar el sistema de estabilización tarifaria, mientras que sectores sociales sostienen que podría traducirse en mayores costos para los consumidores.